A lo largo de todo el siglo XIX, España sufrió una crisis continuada en sus finanzas públicas, acometiéndose diversas actuaciones encaminadas a incrementar los ingresos del Tesoro: amortizaciones, conversiones de deuda y diversas reformas tributarias.
Dentro de estas últimas, nos interesa la protagonizada por Juan Francisco Camacho, ministro de Hacienda durante uno de los varios periodos en los que el liberal Práxedes Mateo Sagasta fue presidente del Consejo de Ministros, en concreto entre febrero de 1881 y octubre de 1883.
En el momento de tomar posesión el nuevo gobierno, el volumen de deuda pública en circulación resultaba inabordable para los escasos ingresos del Estado español. Era necesario, pues, el diseño de una completa y profunda reforma fiscal, basada sobre todo en dos de los impuestos principales:
- la contribución territorial: el fraude existente en este impuesto era el mayor problema tributario del momento, y se calculaba que más de la tercera parte de la superficie rústica del país no tributaba; se declaraba la propiedad de la tierra pero rebajando sustancialmente su superficie e incluyéndola en categorías de escaso rendimiento tributario (pastos, sobre todo); eran sobre todo los grandes propietarios los mayores defraudadores, ya que ellos poseían la capacidad de influir decisivamente en los amillaramientos (listas o padrones en la que figuran los bienes inmuebles y sus titulares, pero sin planos ni mediciones medianamente precisas). Era fundamental, pues, realizar una mejora profunda de aquellos amillaramientos, que permitiera repartir de una manera más justa y eficaz la contribución territorial.
- la contribución industrial y de comercio: la llamada "economía nueva" soportaba un nivel de presión fiscal claramente inferior a la que gravaba a la economía agraria tradicional. Esta contribución era recaudada desde 1847 según un método de agremiación consistente en la integración de los contribuyentes en asociaciones gremiales obligatorias, que eran las que posteriormente repartían entre sus miembros esa partida conjunta. Había que lograr, pues, un drástico incremento de la recaudación obtenida por esta contribución, basándose sobre todo en la imposición de nuevas tarifas, mucho más elevadas y heterogéneas que las aplicadas anteriormente.
La piedra angular de la nueva administración tributaria eran las delegaciones provinciales de Hacienda, dirigidas por un delegado con un nivel de representación similar al de los gobernadores civiles.
La nueva contribución industrial fue duramente contestada por comerciantes e industriales, que no tardaron en movilizarse. Protestaban por:
- el mero incremento de las tarifas: agravado por el hecho de que los ayuntamientos tuvieran la potestad de recargar la cuota estatal hasta en un 60% sobre una base ya de por sí duplicada o triplicada con respecto a la existente anteriormente
- por la penalización de la multiactividad, que originaba que muchos empresarios tuvieran que pagar dos o tres cuotas en lugar de una sola (taberna, tienda de alimentación y almacén de sacos, por ejemplo)
- por el incremento del poder adquirido por los síndicos y clasificadores gremiales para repartir las cuotas entre los diferentes contribuyentes de cada ciudad. Por lo que el caciqueo tenía, una vez más, las puertas abiertas de par en par.
El nuevo sistema impositivo para la contribución industrial venía recogido por el Reglamento de 13 de julio de 1882, por lo que su aplicación efectiva se materializó al año siguiente.
En el caso de Huérmeces, en el archivo municipal se conserva la matrícula de la nueva contribución industrial, cuyo contenido se ha volcado en el cuadro siguiente, corrigiéndose diversos errores detectados, entre los que destaca el curioso intercambio en el orden de los apellidos de los contribuyentes.
Se constata, una vez más, que la principal "industria" del pueblo era la molinera, con siete molinos harineros aún en pleno funcionamiento. No hemos sido capaces de identificar al molino de una piedra que solo muele cinco meses al año, aunque por el domicilio de su titular (Arroyuelo) pudiera pensarse que se trata del molino de Cigatón. Resultan fácilmente identificables los molinos de Retuerta, Los Nogales (La Parte) y Berlanga (Fuente la Hoz). Suponemos que los tres restantes son Alba, Las Huertas y El Rinconcillo, aunque también pudiera tratarse de Mulimayor o Navatillo.
Uno de los propietarios de molino, Francisco Regis Cisneros, vecino de Burgos, era un reconocido médico-cirujano, y llegó a ser presidente del Colegio Médico-Farmacéutico de Burgos en 1897.
También como mera curiosidad, constatar que Florentín Díaz-Ubierna, consignado en el padrón-matrícula de la contribución industrial como "administrador de fincas", fue cura párroco de Huérmeces durante la friolera de 47 años (1852-1899). Cura párroco y administrador de fincas, un binomio potente.
Entre el resto de "industrias y comercios" tenemos: una taberna de vinos y aguardientes, una tienda de aceite, vinagre y jabón, un tejedor, un albéitar (especie de veterinario), dos carreteros, un herrero y un zapatero.
El tabernero, Timoteo San Martín, junto con su mujer, María Sáez, ambos naturales de Arcos (Burgos), mantuvieron este negocio en Huérmeces (junto con el de tienda de comestibles) durante unos 25 años (desde 1875 hasta 1901); su destino anterior fue Montorio. En el año 1883, su taberna estaba situada en el número 2 de la calle Real (posteriormente, casa de Jacinto y Juliana, hoy casa de Mauro); la situación del negocio tenía su lógica, ya que por entonces no existía la carretera, y la comunicación con Burgos y Aguilar se hacía por el Camino Real, que atravesaba Huérmeces por la calle homónima, tras descender por la Varga y encaminarse a Ruyales y Úrbel por el Alto la Cruz. Años después, en 1897, su negocio se había trasladado a la calle de la Plaza número 14, a la casa que en los años 60 del siglo XX alojaría la cantina de Joaquín y Matilde.
El resto de los negocios se localizan entre las calles Real y de la Plaza; un poco más desplazados, con respecto a este cogollo comercial, se localizan el herrero (Primitivo Ortega), en la calle Hondovilla, y la abacería (Juliano García Girón), en la calle de la Solana.
En la fotografía satelital de Google hemos tratado de situar -aproximadamente- la ubicación de cada uno de estos negocios en aquel lejano 1883:
El tabernero, Timoteo San Martín, junto con su mujer, María Sáez, ambos naturales de Arcos (Burgos), mantuvieron este negocio en Huérmeces (junto con el de tienda de comestibles) durante unos 25 años (desde 1875 hasta 1901); su destino anterior fue Montorio. En el año 1883, su taberna estaba situada en el número 2 de la calle Real (posteriormente, casa de Jacinto y Juliana, hoy casa de Mauro); la situación del negocio tenía su lógica, ya que por entonces no existía la carretera, y la comunicación con Burgos y Aguilar se hacía por el Camino Real, que atravesaba Huérmeces por la calle homónima, tras descender por la Varga y encaminarse a Ruyales y Úrbel por el Alto la Cruz. Años después, en 1897, su negocio se había trasladado a la calle de la Plaza número 14, a la casa que en los años 60 del siglo XX alojaría la cantina de Joaquín y Matilde.
El resto de los negocios se localizan entre las calles Real y de la Plaza; un poco más desplazados, con respecto a este cogollo comercial, se localizan el herrero (Primitivo Ortega), en la calle Hondovilla, y la abacería (Juliano García Girón), en la calle de la Solana.
En la fotografía satelital de Google hemos tratado de situar -aproximadamente- la ubicación de cada uno de estos negocios en aquel lejano 1883:
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| Ubicación aproximada de cada uno de los negocios industriales y comerciales; fuera de mapa: molinos de Navatillo, Alba, Berlanga, Mulimayor, Los Nogales y Retuerta |
En cuanto a las tarifas aplicadas a cada "industria", las más altas son las aplicadas a la industria molinera: 30 pesetas de cuota para el Tesoro (cuota "estatal") más un recargo municipal del 18% (5,40 pesetas) más un nuevo recargo en concepto de "gastos de cobranza" (6%, 2,12 pesetas), por lo que resulta una cuota total de 37,52 pesetas.
A continuación, las tarifas más elevadas son las soportadas por la "industria tabernera" (36,27 pesetas de cuota total); mucho menos paga el albéitar (17,51 pesetas); carreteros, herrero, zapatero y abacería pagan lo mismo (16,26 pesetas); y pagan bastante menos el tejedor (7,19) y el administrador de fincas (4,69).
En aquel año de 1883, la población de Huérmeces alcanzaba los 386 habitantes. Era alcalde del pueblo Antonio Díaz-Ubierna, y secretario, Felipe Gallo Espinosa. El maestro era Ponciano Fernández Cortés, que estuvo destinado en Huérmeces -como mínimo- entre 1879 y 1890.
En la matrícula de la contribución industrial no aparecen consignados los dos "cirujanos" con que contaba por entonces el pueblo: Cipriano Andrés y Domingo Rodríguez; pudiera pensarse que esta ausencia quizás se debiera al carácter "público" de este oficio (al igual que el de maestro), pero lo cierto es que tanto "médico" como "cirujano" y "médico-cirujano" aparecen como profesiones que tributan según la tarifa 4ª del Reglamento (al igual que albéitares y veterinarios). Desconocemos, pues, a que pudo deberse esta ausencia en la lista de contribuyentes. Quizás los resortes caciquiles de la época, quizás un error involuntario del alcalde o secretario de turno, quizás ...
A nivel nacional, por supuesto que existió una fuerte oposición a la aplicación de las nuevas tarifas contempladas en el Reglamento de la Contribución Industrial de 1882, hasta el punto de que algunos autores hablan de una auténtica revuelta anticontributiva por parte de los industriales y comerciantes, sobre todo en las ciudades de Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia, y con focos esporádicos en Santander, Zamora y Burgos (1). La reacción del Gobierno consistió en decretar el estado de guerra en Barcelona, cuyas calles fueron ocupadas por las tropas. En el conflicto llegó incluso a intervenir el entonces obispo de Barcelona, José María Urquinaona.
No obstante, y para variar, los principales perjudicados por las nuevas tarifas del Reglamento elaborado por el equipo del ministro Camacho fueron los pequeños y medianos industriales, artesanos y tenderos (herreros, carpinteros, carreteros, taberneros, etc). Los grandes empresarios textiles, armadores y banqueros estaban mucho más preocupados por las estipulaciones previstas en el tratado de comercio franco-español, que se estaba negociando por entonces (2).
A continuación, las tarifas más elevadas son las soportadas por la "industria tabernera" (36,27 pesetas de cuota total); mucho menos paga el albéitar (17,51 pesetas); carreteros, herrero, zapatero y abacería pagan lo mismo (16,26 pesetas); y pagan bastante menos el tejedor (7,19) y el administrador de fincas (4,69).
En aquel año de 1883, la población de Huérmeces alcanzaba los 386 habitantes. Era alcalde del pueblo Antonio Díaz-Ubierna, y secretario, Felipe Gallo Espinosa. El maestro era Ponciano Fernández Cortés, que estuvo destinado en Huérmeces -como mínimo- entre 1879 y 1890.
En la matrícula de la contribución industrial no aparecen consignados los dos "cirujanos" con que contaba por entonces el pueblo: Cipriano Andrés y Domingo Rodríguez; pudiera pensarse que esta ausencia quizás se debiera al carácter "público" de este oficio (al igual que el de maestro), pero lo cierto es que tanto "médico" como "cirujano" y "médico-cirujano" aparecen como profesiones que tributan según la tarifa 4ª del Reglamento (al igual que albéitares y veterinarios). Desconocemos, pues, a que pudo deberse esta ausencia en la lista de contribuyentes. Quizás los resortes caciquiles de la época, quizás un error involuntario del alcalde o secretario de turno, quizás ...
A nivel nacional, por supuesto que existió una fuerte oposición a la aplicación de las nuevas tarifas contempladas en el Reglamento de la Contribución Industrial de 1882, hasta el punto de que algunos autores hablan de una auténtica revuelta anticontributiva por parte de los industriales y comerciantes, sobre todo en las ciudades de Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia, y con focos esporádicos en Santander, Zamora y Burgos (1). La reacción del Gobierno consistió en decretar el estado de guerra en Barcelona, cuyas calles fueron ocupadas por las tropas. En el conflicto llegó incluso a intervenir el entonces obispo de Barcelona, José María Urquinaona.
No obstante, y para variar, los principales perjudicados por las nuevas tarifas del Reglamento elaborado por el equipo del ministro Camacho fueron los pequeños y medianos industriales, artesanos y tenderos (herreros, carpinteros, carreteros, taberneros, etc). Los grandes empresarios textiles, armadores y banqueros estaban mucho más preocupados por las estipulaciones previstas en el tratado de comercio franco-español, que se estaba negociando por entonces (2).
La solución al conflicto siguió los caminos habituales en la España del XIX: la transacción a espaldas de la ley, la componenda local o individual, esto es, la adulteración en la práctica del sistema fiscal, que acabó generando un divorcio entre la España legal y la real. Los impuestos eran utilizados como un arma más en la lucha política partidista. Su objetivo era recaudar tanto como fuera posible, principalmente entre las filas del adversario político y, sobre todo, entre los más alejados de los resortes de poder del sistema: quienes no se cobijaran bajo el paraguas protector de los partidos monárquicos se convertirían en víctimas propiciatorias de la inspección tributaria.
La reforma fiscal del ministro Camacho constituyó, pues, un absoluto fracaso, ya que la drástica reforma sufrida por el impuesto no vino acompañada de ningún incremento en la recaudación. El Antiguo Régimen retrasaba todo lo posible la introducción del mercado como mecanismo básico para determinar eficientemente la asignación de recursos. El país seguía en manos de aquellos que preferían la intriga política, el saqueo del presupuesto y la inercia burocrática, dejando a la habilidad y capacidad empresarial en un segundo plano.
NOTAS:
(2) El tratado comercial franco-español acabó favoreciendo claramente -entre otros- al sector vinícola español. Cabe recordar que el presidente del consejo de ministros, Práxedes Mateo Sagasta, era el "cacique carismático" de Logroño, capital de La Rioja vitivinícola.
FUENTES:
-Real Decreto de 13 de julio de 1882, por el que se aprueban el reglamento y las tarifas por que ha de regirse la contribución industrial y de comercio.
-El mercado traicionado, la rebelión contra la contribución industrial de 1882. Joan Carles Cirer-Costa. Revista de Historia Industrial nº 45 (2010) [páginas 79-107]
